Grupos de derechos civiles de Sudáfrica reclaman una moratoria a los centros de datos en Sudáfrica que están levantando las grandes tecnológicas estadounidenses. La petición, una de las primeras acciones coordinadas del continente para frenar la infraestructura de inteligencia artificial, exige una pausa en la expansión hasta que existan reglas de transparencia más estrictas.
Sudáfrica es el país con más centros de datos de África. La mayoría pertenece a gigantes estadounidenses como Microsoft, Amazon y Google, además de operadores como Equinix y Digital Realty. Microsoft comprometió unos 300 millones de dólares hasta 2027 para ampliar su infraestructura de IA en el país; Amazon invertirá alrededor de 1.500 millones hasta 2029, y Equinix planea unos 438 millones. La demanda de cómputo del continente podría llegar a unos 2,2 gigavatios hacia 2030, casi cinco veces el nivel actual, según un informe de McKinsey.
La impugnación de dos centros de datos en Ciudad del Cabo
Housing Assembly, una organización de Ciudad del Cabo, y la ONG británica Foxglove presentaron en agosto una impugnación legal contra dos centros de datos propuestos por Equinix en esa ciudad. Junto a otros grupos de derechos, pidieron a la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica investigar los impactos de los proyectos e imponer una pausa a la expansión de instalaciones de hiperescala.
También exigen nuevas normas que obliguen a los operadores a declarar su consumo de agua y electricidad y a entregar beneficios a las comunidades locales. «Nuestros miembros saben lo que es hacer cola por agua, quedarse sin electricidad y esperar décadas por una vivienda digna. Ahora un centro de datos enorme intenta saltarse la fila y quedarse con nuestra tierra, nuestra agua y nuestra energía», dijo Kashiefa Achmat, presidenta de Housing Assembly.
Las instalaciones de Equinix en Ciudad del Cabo, de unos 174 megavatios, usarían más de 4.000 millones de litros de agua al año, según los grupos, un volumen comparable al de unos 18.000 hogares. La preocupación tiene antecedentes: Sudáfrica ya enfrenta estrés hídrico y en 2018 Ciudad del Cabo estuvo cerca de quedarse sin agua. Un portavoz de Equinix respondió que el diseño sostenible «no es un añadido, es el punto de partida».
Un patrón que ya es global
La resistencia sudafricana se suma a una discusión que cruza varios países. En Estados Unidos, vecinos se movilizaron contra estas instalaciones en Virginia, California y Filadelfia, y en junio Nueva York impuso una moratoria estatal de hasta un año a los centros de datos de hiperescala. Las protestas también alcanzaron a agricultores en India y a grupos indígenas en Brasil.
En Kenia, un proyecto de un gigavatio respaldado por Emiratos Árabes Unidos y Microsoft quedó estancado en mayo, en parte por dudas sobre su demanda eléctrica. Vecinos cercanos al lago Naivasha dicen no haber sido informados sobre sus impactos, y advierten que sin reglas claras de asignación de agua se pone en riesgo a la floricultura y la horticultura de la zona.
África necesita centros de datos, pero no a cualquier precio
El freno no es unánime. África concentra unos 409 megavatios de capacidad operativa, menos del 1% del total mundial, pese a albergar a un quinto de la población del planeta. Obinna Isiadinso, del sector de centros de datos del IFC, sostiene que llevar esa capacidad a un gigavatio podría costar hasta 8.000 millones de dólares y que, aun así, el continente seguiría detrás de India o Malasia.
Rachel Adams, del Global Center on AI Governance, ve en el momento una oportunidad estratégica: las empresas necesitan acceso a nuevos mercados y ubicaciones. Daniel Kammen, profesor de energía y justicia climática en Johns Hopkins, apunta al problema de fondo: la falta de transparencia es habitual entre las grandes tecnológicas, que «intentan cerrar acuerdos favorables con los gobiernos». Chinasa Okolo, asesora legislativa en IA en el Congreso de Estados Unidos, resume la postura intermedia: no se opone a la expansión, sino a una expansión sin control que ponga en riesgo la vida y el sustento de comunidades vulnerables.
La pregunta que deja el caso sudafricano no es si el continente necesita cómputo, sino quién paga el agua y la electricidad que lo sostiene, y si las reglas llegarán antes que las máquinas.
