San José, la tercera ciudad más grande de California, con casi un millón de habitantes, busca consolidarse como polo de infraestructura de inteligencia artificial. Cada centro de datos nuevo podría aportarle entre 3 y 6 millones de dólares al año en impuestos. La contraparte es el costo ambiental de la IA: energía, agua y contaminación que los vecinos empezaron a poner sobre la mesa. Así lo reportó Reuters el 17 de septiembre.
La ciudad firmó el año pasado un acuerdo con la eléctrica PG&E para acelerar la entrega de energía a los grandes consumidores, como los centros de datos. También respaldó medidas para que esos usuarios paguen su parte de los costos de la red y para exigir más transparencia sobre energía y agua. La empresa sostiene que sumar grandes clientes reparte los costos fijos entre más usuarios y podría, con el tiempo, bajar las cuentas. Residentes y grupos ambientales no lo dan por sentado: piden pruebas antes de aprobar más proyectos.
La pregunta de los vecinos
El costo ambiental de la IA dejó de ser un dato técnico y entró en la revisión pública. Ellina Yin, líder de la coalición vecinal I Love San Jose, pide a las empresas que demuestren cómo sus proyectos beneficiarán a la comunidad. Los grupos reclaman una revisión más estricta, transparencia sobre el uso de energía y agua, y estudios de impacto sanitario y ambiental antes de aprobar nuevas instalaciones. La demanda de electricidad es la preocupación central, porque los centros de datos necesitan mucha energía para sostener el cómputo de los modelos de IA.
La contaminación también aparece en la lista. En abril, una coalición encabezada por el Center for Biological Diversity pidió al distrito de calidad del aire de la Bahía reforzar la vigilancia de los generadores diésel de respaldo que usan los centros de datos. El argumento es que las normas vigentes se escribieron antes del auge reciente de estas instalaciones. El distrito dijo que evalúa si hace falta más protección.
El problema de fondo es que estas instalaciones consumen dos insumos al mismo tiempo: electricidad para el cómputo y agua para la refrigeración. Cuando se instalan en un mismo territorio, compiten por ambos con los hogares y los negocios de la zona, y el costo aparece en la factura y en la reserva de agua, no en el balance de la empresa. Ese reparto es el que la ciudad todavía no define, y el que más preguntas acumula en las audiencias públicas.
El costo ambiental de la IA y las reglas nuevas
El debate local ya escaló al estado. La legislatura de California dio aprobación final a varios proyectos de ley sobre el consumo de energía y la transparencia de los centros de datos. El senador estatal Steve Padilla, autor de varias de esas medidas, sostiene que California tiene la obligación de liderar el tema, porque alberga a algunas de las mayores tecnológicas del mundo: Google, Meta, OpenAI y Anthropic. La Data Center Coalition, gremio del sector que reúne a esas mismas empresas, también participa de la discusión.
El alcalde Matt Mahan no pide detener los proyectos, sino revisarlos con cuidado. «La gente tiene razón en preguntar si esto sube el costo de mi energía, si usa nuestra agua potable, si va a degradar la calidad de vida de mi ciudad —dijo a Reuters—. Son preguntas muy justas». La pregunta que queda abierta es de reparto: el auge de la IA promete ingresos, pero el costo se cobra en el mismo territorio donde viven quienes no negocian las tarifas. La ciudad que quiere ser polo de cómputo tendrá que decidir cómo se reparte esa cuenta.
