Desde el 26 de octubre, el personal del Regeringskansliet sueco —la oficina que sostiene al primer ministro y a los ministerios— no puede abrir ChatGPT ni Claude en el navegador de sus computadores de trabajo. La medida, confirmada por la oficina a la televisión pública, deja a Microsoft Copilot como la única puerta aprobada. La noticia completa quedó en IAntena esta semana. Se leyó como un bloqueo. A mí me parece, sobre todo, una lección sobre cómo se compra la IA pública.
La puerta que no cierra
El detalle que cambia la lectura está en la misma respuesta oficial. Dentro de Intric, la plataforma de asistentes que el propio Regeringskansliet desarrolló, los empleados siguen teniendo acceso a los modelos de ChatGPT y de Claude. Y Copilot, el sistema que quedó autorizado, puede ejecutar modelos de Anthropic: en la Unión Europea llegan desactivados por defecto y un administrador los habilita. La oficina no dijo si su instancia los tiene encendidos.
Con eso, el mismo modelo queda afuera por una puerta y adentro por otra, y lo que separa un caso del otro no es una capacidad técnica. Es la cadena de responsabilidad: quién firmó, quién puede cambiar una configuración, quién entrega los registros cuando alguien los pide. Un modelo no es seguro ni peligroso en abstracto. Lo que resulta seguro o peligroso es el arreglo que lo rodea.
Ese arreglo importa más de lo que suena. La auditoría interna de la Administración de Transporte sueca citó «varios ejemplos de uso problemático de servicios abiertos de IA», y no hablaba de la calidad de las respuestas: hablaba de lo que la gente pega en la caja de texto y de quién responde después por eso. Sin contrato, dónde queda esa información y ante qué autoridad responde son reglas que el Estado sueco no negoció. Pedirle a una administración que firme antes de delegar trabajo sensible en una herramienta externa no es burocracia. Es lo mínimo.
Lo que el bloqueo no resuelve
También hay un costo, y conviene decirlo antes de aplaudir. Quien usaba Claude para leer un documento de sesenta páginas ahora tiene, en el mejor caso, el mismo modelo detrás de una envoltura corporativa; en el peor, una herramienta peor y un teléfono personal a mano. La prensa técnica sueca describe el fenómeno con una cifra incómoda: en una consultora, entre el 30% y el 50% del uso de IA ocurre fuera del control central, y un cliente de un sector regulado midió 44% al revisar su propia casa. «Los empleados casi siempre toman el camino fácil», dice el responsable de datos de esa firma. La gobernanza tiene que hacer que el camino correcto también sea el fácil.
El segundo efecto es de mercado. Un informe de la Open Cloud Coalition estimó en 77% la cuota de Microsoft en software de productividad de la Unión Europea y advirtió que las licitaciones que exigen compatibilidad, repiten al proveedor anterior o empaquetan servicios refuerzan esa dependencia. Cuando la opción aprobada llega como una variación del contrato que ya estaba firmado, la comparación no ocurre. La puerta que queda no se eligió: se heredó. Y la dependencia que se critica en el discurso es la misma que se firma en el expediente.
La IA pública se decide al firmar
Mi posición: el bloqueo sueco está mejor argumentado que ejecutado, y su lección no es «prohibir sí o no». Es que la política de IA de un Estado se escribe en el pliego, no en el comunicado. Si el criterio es el contrato, lo que hay que exigir en ese contrato es lo que permite irse: portabilidad de lo que se cargó y de lo que se generó, registros de uso que el comprador pueda leer sin pedir permiso, derecho a cambiar el modelo de base sin cambiar de proveedor y una cláusula de salida con migración definida.
Sin esas cuatro cosas, la decisión de seguridad de hoy se convierte en la dependencia de 2030. El riesgo que se estaba mitigando —que los datos salgan— vuelve por otra vía: que no se puedan sacar.
En América Latina casi no hay memos que discutir. La herramienta no se bloquea ni se aprueba: llega dentro del acuerdo con Microsoft que ya estaba firmado, y la monocultura se produce por omisión, sin fecha y sin auditoría. El efecto es el mismo con menos debate público, que es peor. Suecia, al menos, dejó una fecha y un correo que se pueden citar.
La pregunta útil para cualquier gobierno no es qué IA bloqueó. Es qué dice su cláusula de salida.
