Ilustración editorial: de las manos abiertas de una persona salen tarjetas con fotos, notas y videos que una corriente arrastra hacia un gran servidor oscuro; tras un cristal, una palanca de retirada queda fuera de alcance

Australia debate ceder por defecto el contenido de sus ciudadanos a la IA

Australia estudia una reforma de derechos de autor que daría a las empresas de inteligencia artificial acceso sin restricciones y por defecto al contenido de sus ciudadanos. El cambio, todavía en consulta, permitiría entrenar modelos con lo que los australianos publican en línea siempre que las tecnológicas firmen acuerdos de alto nivel con los organismos que representan a los titulares de derechos.

El borrador —un documento filtrado que fue presentado en el Senado el martes— propone varios caminos, según la información publicada por The Guardian. En una opción, las empresas acceden a todo el material en línea no protegido a cambio de acuerdos amplios por categoría —música o texto—; en otra, pagan a un organismo central que reparte entre titulares «registrados».

El contenido de sus ciudadanos es, en la práctica, casi todo lo creativo que circula en redes: fotos, posts, recetas, videos. Quien no quiera cederlo tendría que blindarlo con contraseña o muro de pago, con el costo de reducir su propia audiencia. En las redes sociales, el acceso lo controla la plataforma, no la persona.

Quién cobra por el contenido de sus ciudadanos

Los creadores advierten que ya pierden ingresos frente a imitaciones generadas por IA y que la reforma profundizaría el problema. Claire Pullen, directora ejecutiva del Sindicato de Escritores de Australia, sostiene que las opciones en discusión se parecen al modelo que piden las propias empresas de IA, y que los creadores no ven la urgencia que ellas invocan. «Si fuera urgente, hagan un acuerdo», dijo.

El documento argumenta que las reformas darían «certeza jurídica» a las tecnológicas y resolverían el acceso a la enorme cantidad de contenido de pequeños creadores, donde «negociar acuerdos voluntarios no es realista ni posible». También las liberaría de los costos de litigar: en Estados Unidos, Anthropic enfrenta una demanda multimillonaria por presunta apropiación de canciones y pagó 1.500 millones por usar 482.000 libros de una base pirateada.

El Reino Unido rechazó en marzo reformas de este tipo después de que artistas como Elton John y Paul McCartney se opusieran a que su obra terminara en modelos de IA.

El argumento de la inversión

Las grandes tecnológicas han destacado el potencial de Australia como sede de inversión por su estabilidad, su posición en el Pacífico y sus recursos. OpenAI ha señalado la ley de derechos de autor como la principal barrera para entrenar modelos en el país. El vicepresidente de la compañía, Ann O’Leary, dijo esta semana en Canberra que mantienen conversaciones profundas con el gobierno sobre el tema.

El viceministro de tecnología, Andrew Charlton, defendió la urgencia: «Australia no tiene un interruptor para apagar esto», declaró, y advirtió que sin infraestructura local los datos de los australianos quedarían alojados en el extranjero. Los críticos responden con una duda razonable: que la reforma no garantiza la inversión, porque entrenar un modelo no equivale a almacenar datos ni a desarrollar tecnología de frontera en el país.

El mecanismo de retirada es débil en la práctica. Un archivo robots.txt solo funciona si el rastreador decide respetarlo, según la académica Lisa Harrison, y además saca el contenido de los resultados de búsqueda; un muro de pago o una contraseña protegen, pero recortan la audiencia. Eileen Camilleri, del Consejo Australiano de Derechos de Autor, recuerda que los artistas o sus editoriales ya podrían recurrir al bloqueo geográfico —como hacen algunos servicios de streaming— para cortar el acceso australiano si temen que su obra entre a los modelos.

Tampoco está claro si la ley alcanzaría la obra de autores extranjeros distribuida en Australia, lo que abre un frente inesperado: que los creadores del resto del mundo bloqueen geográficamente su contenido para los australianos. La urgencia que invocan las tecnológicas choca con esa pregunta de fondo: quién decide, al final, qué se puede usar y qué no.

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