El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región Metropolitana resolvió el pasado 16 de octubre que el proyecto de data center de Google en Cerrillos no está obligado a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el trámite más largo y exigente de la normativa chilena. La decisión, conocida públicamente hace unos días, marca un avance concreto para una iniciativa que acumula más de seis años de tramitación.
Sin embargo, el propio SEA precisó en el documento que su pronunciamiento no constituye una aprobación ambiental plena ni una autorización de obra: no otorga derechos ni exime a la empresa de cumplir la normativa vigente ni de obtener los permisos sectoriales correspondientes.
El proyecto, impulsado por Inversiones y Servicios Dataluna Ltda., contempla una inversión cercana a los US$200 millones en un predio de aproximadamente 23 hectáreas en Camino a Lonquén. Su construcción está dividida en cuatro fases y considera, entre otros elementos, una conexión eléctrica de 110 kV hasta la subestación Chena.
De enfriamiento con agua a enfriamiento con aire
El diseño actual difiere del original en un punto central: la forma de refrigerar los servidores. El proyecto inicial, ingresado en 2019 y aprobado en febrero de 2020, contemplaba un sistema de enfriamiento por agua que extraía del subsuelo hasta 169 litros por segundo del Acuífero Santiago Central, un volumen considerado elevado para una fuente hídrica ya vulnerable. Vecinos de Cerrillos y organizaciones ambientales reclamaron, y en febrero de 2024 el Segundo Tribunal Ambiental les dio la razón en parte: anuló parte de la autorización y ordenó reevaluar el proyecto considerando el cambio climático y la posibilidad de modificar el sistema de enfriamiento.
En septiembre de 2024, Google renunció a esa autorización y anunció que reiniciaría el proceso desde cero, en el mismo lugar, pero con enfriamiento por aire. El reingreso se concretó este 2026 mediante una consulta de pertinencia, presentada el 17 de junio y planteada como un proyecto nuevo.
El SEA concluyó que el diseño actual no alcanza los umbrales que obligan al ingreso al SEIA. El Decreto Supremo 17/2025, vigente desde el 21 de enero, elevó de 80 a 1.000 toneladas el límite de almacenamiento de sustancias inflamables, y el proyecto declara 695,9 toneladas de diésel, por debajo del nuevo tope. La línea eléctrica, de unos 400 metros, queda lejos de los más de dos kilómetros exigidos, y los generadores se consideran de respaldo y no de generación permanente.
Cuestionamientos al data center en Cerrillos
Organizaciones como el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio (MOSACAT) cuestionaron la vía escogida. Sostienen que se mantienen el titular, la inversión, el terreno y la finalidad respecto del proyecto anulado en 2024, por lo que no correspondería tratarlo como una iniciativa completamente distinta ni resolverlo solo mediante una consulta de pertinencia. Las organizaciones presentaron sus antecedentes ante el SEA el 3 de septiembre.
Argumentan, además, que persisten riesgos asociados al almacenamiento de combustible, el ruido, las emisiones y el calor residual, y que este mecanismo no examina los impactos de manera integral ni incorpora participación ciudadana formal.
Lo que viene
La resolución del SEA abre un plazo de cinco días para presentar recursos de reposición y jerárquicos, y la Superintendencia del Medio Ambiente conserva la facultad de requerir el ingreso al SEIA si lo estima necesario.
En términos prácticos, el pronunciamiento elimina el obstáculo de la evaluación ambiental preventiva, pero deja intacta la necesidad de permisos sectoriales. Entre ellos destacan el permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales de Cerrillos y las autorizaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para la conexión eléctrica, la subestación y el almacenamiento de diésel.
Mientras esos permisos no se obtengan, la empresa no puede iniciar legalmente las obras. El caso ilustra cómo un rediseño técnico y un ajuste normativo pueden destrabar un proyecto que había quedado detenido por conflictos hídricos, al mismo tiempo que mantiene abiertas las vías de control posterior y de impugnación.
Fuentes consultadas: BNamericas (19/10), ADN Radio (19/10), BioBioChile (19/10), OLCA (07/09), Gaceta Ambiental (07/09), RoadShow (30/07) y SEA (DS 17/2025, 21/01).
