Palacio de La Moneda en Santiago al atardecer con un sutil overlay de circuitos luminosos que representa la regulación de inteligencia artificial en Chile.

La regulación de la inteligencia artificial en Chile: el gobierno apuesta por la innovación

La regulación de la inteligencia artificial en Chile cambiará de eje. El gobierno presentará una indicación sustitutiva al proyecto de ley sobre IA que tramita el Senado, con más de 20 artículos que reemplazan el grueso de la iniciativa enviada por la administración de Gabriel Boric. La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, comprometió la entrega del texto para inicios de septiembre.

Según lo reportado por Ex-Ante a través de T13, Lincolao calificó la iniciativa original de «incongruente». A su juicio, el proyecto se basa en la legislación europea, centrada en la prevención de riesgos y en prohibiciones, y quedó desactualizado frente al giro global hacia la experimentación. La nueva propuesta, en cambio, mira experiencias como las de Estados Unidos o Singapur, orientadas a incentivar la inversión y la innovación.

El cambio llega después de que la ministra participara en julio en Ginebra en un foro de Naciones Unidas sobre gobernanza de IA, con representantes de más de 100 países. Ante la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, Lincolao explicó que la conversación sobre IA evolucionó y que una legislación centrada solo en riesgos frenaría la innovación en un momento en que todos los países experimentan con la tecnología. En ese punto, la regulación de la inteligencia artificial deja de ser solo un blindaje y pasa a ser una política de desarrollo.

Una regulación de la inteligencia artificial con foco en la innovación

El proyecto original se presentó en 2024 y se refundió con una moción parlamentaria. La Cámara de Diputados lo aprobó en octubre de 2025. Hoy se tramita en el Senado. Su estructura sigue el modelo europeo de cuatro categorías de riesgo. Entre los llamados riesgos inaceptables figuran la manipulación subliminal, el uso de sistemas biométricos en espacios públicos, la calificación social genérica y la extracción de imágenes faciales sin consentimiento.

La ministra rescató aspectos de ese trabajo, hecho «con las mejores intenciones», pero cuestionó su forma. Dijo que la iniciativa quedó «incongruente»: disposiciones desordenadas, obligaciones sin secuencia lógica y conceptos que no se mantienen consistentes a lo largo del articulado. Eso afecta la certeza jurídica y dificulta la interpretación de la ley. Además, apuntó, el texto regula el riesgo pero casi no incorpora herramientas que promuevan la investigación o la adopción de la IA.

El contraste con Europa marcó la presentación. Lincolao citó el caso de la francesa Mistral, que compite en desventaja por el exceso de regulación en la Unión Europea, y afirmó que el continente «puso en pausa» sus legislaciones sobre la materia. Como referencias alternativas mencionó a Estados Unidos y Japón, que colaboran en investigación científica basada en IA, y a Singapur y Canadá, que abordan el tema desde la formación, la infraestructura y señales fiscales proinnovación.

Sandboxes, formación y sanciones proporcionales

Entre las indicaciones concretas figura la creación de sandboxes: espacios controlados de prueba donde empresas u organismos experimentan con nuevas tecnologías. La ministra se reunió con su par de Singapur para evaluar AI Verify, un sistema que somete modelos de IA a pruebas técnicas de seguridad, robustez, transparencia y sesgos. También citó la experiencia de Ruanda, donde el testeo de drones en sandboxes derivó en nuevas actividades económicas y empleos.

La ley incorporará programas de capacitación y reconversión laboral para mitigar el impacto de la automatización. Se evaluará fortalecer la enseñanza de IA desde la primera infancia hasta los centros de formación técnica. Habrá guías técnicas estandarizadas a nivel internacional y guías de uso responsable en el Estado, por ejemplo en compras públicas.

El último cambio relevante toca las sanciones: serán proporcionales a un daño concreto y no a un riesgo teórico, para que universidades y startups puedan testear sin temor a demandas. Esa definición condensa el giro: la ley busca acompañar la experimentación y castigar el daño efectivo.

El debate que viene en el Senado definirá si Chile acompaña el movimiento global hacia regulaciones que incentivan la innovación o si conserva parte del enfoque preventivo europeo. La indicación sustitutiva, con su énfasis en sandboxes y formación, muestra por dónde camina el gobierno.

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