La Red de Integridad y Estado Abierto (RIEA) presentó el viernes 16 de octubre un Registro Verificador de Algoritmos Públicos. El anuncio se hizo en la Contraloría General de la República, durante el seminario «Lo que la inteligencia artificial decide sobre nosotros».
La iniciativa busca evaluar los sistemas automatizados que usan los organismos del Estado e identificar sus riesgos. También busca contrastar lo que las instituciones declaran con evidencia pública. Se desarrolla junto a la Contraloría, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) y la Universidad Adolfo Ibáñez.
Cómo funciona el registro de algoritmos públicos
El modelo tiene tres etapas: declarar, verificar y fiscalizar. El Estado publica sus algoritmos y la Red contrasta cada uno con compras públicas, transparencia activa y presupuesto. Con eso mide una «brecha de acreditación»: la distancia entre lo que se declara y lo que se puede probar.
El registro también coteja los sistemas con las recomendaciones de la CEPAL sobre uso responsable de inteligencia artificial. Los informes quedan a disposición de la Contraloría. Ese organismo decide si los usa según sus atribuciones. La Red no fiscaliza ni sanciona: entrega insumos a quien sí puede hacerlo.
Las dimensiones de evaluación incluyen protección de datos personales, ciberseguridad, cumplimiento de la ley, legitimidad social y rendición de cuentas. «Ningún sistema está libre de riesgos», dijo Vita Saldías, directora de Algoritmos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez.
El diagnóstico de fondo es que los algoritmos ya intervienen en decisiones que afectan derechos. Asignan beneficios, priorizan fiscalizaciones, ordenan compras y clasifican casos. El Estado ya usa inteligencia artificial. Lo que falta es que pueda explicar cómo la usa y quién responde por el resultado.
Decidir sin declarar, reclamar sin responsable
El punto de partida es una ausencia: en Chile no existe una obligación general de declarar el uso de inteligencia artificial en el Estado. Así lo explicó Saldías durante el seminario. Tampoco hay un canal claro para impugnar una decisión tomada por un sistema automatizado.
«Se puede rechazar un subsidio y no hay a quién reclamar cuando lo toma una inteligencia artificial». Lo dijo José Antonio Gómez, presidente de la RIEA y exministro de Justicia.
Asimismo, Carolina Álvarez, directora ejecutiva de la Red, advirtió sobre los sesgos que pueden introducir los datos y parámetros utilizados por sistemas algorítmicos.
El seminario reunió a la contralora Dorothy Pérez y al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri. También participaron especialistas en modernización del Estado. En el panel estuvieron Trinidad Inostroza, Vita Saldías y Rodrigo Durán, director ejecutivo de CENIA. La jornada sirvió además para presentar «Alertas IA», una serie educativa sobre soberanía de datos y transparencia algorítmica.
El registro se anunció en agosto, durante la presentación de la Red en la CEPAL. Ahora la Red presentó el instrumento y su método de verificación. No crea obligaciones ni sanciones por sí mismo. Su fuerza depende de que los servicios publiquen sus sistemas y de que la Contraloría use los hallazgos.
Para la Red, el éxito se mide por una sola cosa: que la brecha entre lo declarado y lo acreditado baje con el tiempo. El registro nace, además, con una proyección regional. Está previsto presentarlo en Bogotá el 10 de noviembre, en un encuentro en la embajada de Chile en Colombia.
Queda por verse si el instrumento consigue algo que hoy no existe. Que un ciudadano pueda saber qué sistema decidió sobre su caso y ante quién reclamar. El registro no crea esa obligación por sí solo. La hace visible y la convierte en una brecha medible.
Otras fuentes consultadas: Actualidad Jurídica DOE (16/10/2026); Chillán Online (16/10/2026); Revista Periodismo del Sur (16/10/2026); G5noticias (18/10/2026).
