El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador archivó su primera ley de inteligencia artificial y el país quedó con doce proyectos de ley en trámite y sin un marco común. El archivo ocurrió el 15 de septiembre, con 88 votos, y lo impulsó la propia legisladora que presidía la comisión encargada del texto. Desde entonces, la regulación de la inteligencia artificial en Ecuador avanza por partes: hay iniciativas sobre educación, justicia, empleo, protección de datos y contenido íntimo generado con IA, pero ninguna las coordina.
De acuerdo con lo informado por la Asamblea Nacional, el Pleno aprobó en primer debate y con 88 votos el archivo del Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de Inteligencia Artificial. La moción la presentó Cecilia Baltazar, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Baltazar sostuvo que la propuesta no garantizaba la protección de derechos, podía limitar el desarrollo tecnológico y creaba obligaciones de gasto público sin respetar las competencias constitucionales.
Por qué se archivó la ley de inteligencia artificial
El informe de la comisión enumeró tres motivos. Primero, la implementación institucional: el texto sumaba atribuciones al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y a la Superintendencia de Protección de Datos Personales, con personal especializado, infraestructura y nuevos sistemas que exigirían recursos. Segundo, el riesgo de una regla rígida: una tecnología que evoluciona rápido dejaría la norma desactualizada y añadiría cargas a emprendimientos y Mipymes. Tercero, la duplicación: parte del contenido ya aparecía en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y en la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual.
«Una legislación debe estar para garantizar los derechos individuales de los ciudadanos ecuatorianos, permitir el desarrollo tecnológico y respetar los estándares internacionales», dijo Baltazar al presentar la moción. La comisión concluyó que faltaban instrumentos de gobernanza adaptativos, como lineamientos nacionales, normas técnicas, códigos de conducta y evaluaciones de impacto para sistemas de alto riesgo.
El archivo encontró oposición dentro del propio Legislativo. La bancada de la Revolución Ciudadana lo criticó: su jefa, Patricia Núñez, sostuvo que las observaciones podían corregirse durante el trámite y que el país necesita con urgencia una ley. El legislador Héctor Rodríguez pidió incluir prohibiciones explícitas, como la vigilancia biométrica masiva indiscriminada y las decisiones exclusivamente automatizadas sobre derechos fundamentales. Otro asambleísta, Xavier Lasso, cuestionó que se archivara una propuesta en medio del debate mundial sobre la IA.
Doce proyectos y cuatro calificados: qué queda en la Asamblea
El archivo de la ley general no detuvo la actividad legislativa. En la Asamblea hay doce proyectos de inteligencia artificial, repartidos en comisiones y sin una cabeza única. Uno de ellos lo presentó la propia Baltazar el 1 de septiembre: el «Proyecto de ley orgánica para el desarrollo, uso ético y gobernanza de la inteligencia artificial». Tiene 35 artículos con supervisión humana, sistemas de mínimo y alto riesgo, derecho a la revisión humana y a la explicación, y una reforma al Código Orgánico Integral Penal para castigar el material íntimo o sexual no consentido creado o difundido con IA, además de la suplantación de identidad, voz o imagen.
El legislador Gerardo Machado ingresó seis reformas transversales que insertan la IA en el servicio público, las empresas públicas, la educación intercultural, el Código del Trabajo, la Función Judicial y la educación superior. Otros proyectos abordan frentes distintos: la regulación de la IA en la administración de justicia (Mónica Salazar), la tipificación de la explotación sexual de menores mediante IA (Gema Dueñas), la difusión no consentida de contenido hiperrealista (María Paula Villacreses), las competencias de IA en el currículo escolar (Christopher Jaramillo) y la protección de la voz humana como rasgo biométrico y herramienta laboral (Paola Cabezas).
De los doce, cuatro ya pasaron el filtro del Consejo de Administración Legislativa: dos están en la Comisión de Justicia y dos en la de Educación. Las mesas pueden unificarlos o sumar los que se califiquen después. Por ahora, cada uno avanza por su cuenta y ninguno reemplaza el marco general que se cayó.
El resultado deja a Ecuador con temas exigentes ya escritos —alto riesgo, revisión humana, contenido sintético no consentido— pero sin un orden que los articule. El archivo de la ley general postergó la discusión, y ahora cada propuesta espera que una comisión decida si las une.
Otras fuentes consultadas: Asamblea Nacional del Ecuador, boletín de prensa del Pleno (15/09/2026) · El Universo (11/10/2026) · El Diario (11/10/2026) · La República (11/10/2026) · Prensa Latina (15/09/2026) · En Primera (12/10/2026).
