La ley de inteligencia artificial que Chile discute desde 2023 quedó en condiciones de ser votada por la Sala del Senado. El 26 de octubre, la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación aprobó por unanimidad la idea de legislar: la luz verde para tramitar el proyecto. Lo hizo sin el texto alternativo que el Ejecutivo había anunciado, la llamada indicación sustitutiva, que nunca entró al Congreso.
De acuerdo con lo informado por el Senado, la comisión esperó ese documento y, al no recibirlo, puso la iniciativa en votación. La decisión se comunicó el 4 de noviembre. La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, estuvo en la sesión, en el ex Congreso Nacional, con la propuesta que su cartera prepara desde hace meses.
El texto que avanzó viene del modelo europeo. La ley de inteligencia artificial de la Unión Europea ordena los sistemas en cuatro niveles de riesgo: inaceptable, alto, limitado y sin riesgo evidente. Cuanto más daño puede causar un sistema, más obligaciones tiene quien lo desarrolla o lo usa. La chilena copia esa escalera y la aplica a proveedores, implementadores, importadores y distribuidores, nacionales o extranjeros, mientras estén domiciliados en el país.
Qué contiene la ley de inteligencia artificial que se votará
En el nivel inaceptable quedan prohibidos los sistemas que atenten contra derechos fundamentales. La lista incluye la puntuación social, la manipulación del comportamiento que cause daño y el reconocimiento biométrico remoto en tiempo real en espacios públicos, con excepciones calificadas. En educación, empleo, salud y orden público las exigencias suben: más documentos, más controles, más auditorías. Un hospital que use un programa para decidir qué paciente pasa primero entra en ese grupo.
Para vigilar todo eso, el proyecto crea una institucionalidad nueva o le da esas facultades a una agencia que ya existe. Esa entidad supervisa, audita los sistemas de alto riesgo y aplica multas de hasta 20.000 unidades tributarias mensuales, casi 1.450 millones de pesos. El monto depende de la gravedad de la infracción.
Qué propone el Ejecutivo
La propuesta del Ejecutivo apunta a otro lado. Deja la clasificación rígida y pasa a exigencias proporcionales al contexto y al impacto real de cada tecnología. Suma estándares técnicos que se actualizan, certificaciones y auditorías voluntarias, y quita las sanciones específicas para la IA: quien incumpla respondería con las leyes que ya existen sobre datos personales, ciberseguridad, consumo y propiedad intelectual. El argumento de la ministra, expuesto en sesiones anteriores, es que una regulación demasiado estricta termina frenando la innovación en un país con brechas de infraestructura y capacidad de cómputo.
La comisión no esperó más. Ricardo Celis pidió fijar un calendario, con el respaldo de Daniella Cicardini y Andrés Longton. El 4 de diciembre quedó como plazo máximo para presentar enmiendas, incluida la del Ministerio de Ciencia. Ese acuerdo todavía tiene que ratificarlo la Sala.
Rojo Edwards, presidente de la comisión, presentó además una propuesta propia, separada de la del ministerio. «La sociedad tiene que entender que el apoyo que se le acaba de dar no es necesariamente al proyecto que está», dijo en la sesión. «Algunos cambios podrían estar en la dirección de la carta que he mandado», agregó.
Lo que viene depende de dos pasos. La Sala del Senado tiene que confirmar el calendario y luego discutir artículo por artículo. Si el Ejecutivo ingresa su texto antes del 4 de diciembre, esa propuesta será la base de la negociación; si no llega, la discusión seguirá sobre el articulado actual.
OTRAS FUENTES CONSULTADAS: La Tercera (26/10/2026); CNN Chile (04/11/2026); La Tribuna (04/11/2026); Diario Estrategia (05/11/2026).
