El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 9 de septiembre dos leyes que crean el primer marco de Estados Unidos para evaluar sistemas de inteligencia artificial con verificadores externos. La Senate Bill 813 habilita organizaciones independientes para revisar modelos y comprobar si cumplen la ley estatal. La Assembly Bill 1405 crea un registro público de auditores y fija estándares de independencia, transparencia e integridad. Las dos normas apuntan al mismo problema: quién revisa a la IA cuando la revisa la propia empresa que la construyó. El anuncio está en el comunicado oficial de la gobernación.
«No podemos esperar que la industria simplemente se ponga su propia nota», dijo la asambleísta Rebecca Bauer-Kahan, autora de la segunda ley. Los auditores, agregó, podrán identificar riesgos, verificar afirmaciones y exigir estándares concretos a quienes desarrollan los modelos. Su frase resume el giro: la evaluación deja de ser una declaración de la empresa y pasa a manos de un tercero acreditado.
Un registro estatal de auditores
La AB 1405 establece por primera vez en el país un mecanismo para acreditar a terceros que revisan sistemas de IA. El texto define cómo deben operar esos auditores: sin conflicto de interés, con métodos transparentes y con reglas de integridad verificables. La SB 813, del senador Jerry McNerney, avanza un paso más: nombra a las organizaciones de verificación independiente que podrán evaluar modelos y comprobar su cumplimiento legal.
McNerney describió la firma como una respuesta directa a Washington. «California toma la delantera en evaluar los riesgos de seguridad de la IA, porque Washington no puede o no quiere hacerlo», dijo. En su lectura, las leyes recogen una de las recomendaciones centrales del panel de expertos que convocó el gobernador para estudiar los modelos frontera.
El senador añadió un detalle que conecta con los casos más comentados del año: «Justo esta semana supimos que los sistemas de IA más potentes, aliados con agentes de IA, plantean amenazas reales para la humanidad». La frase apunta a un debate abierto sobre qué ocurre cuando un agente actúa sin supervisión directa.
Tres años de normas estatales
California no parte de cero. En 2023, Newsom firmó una orden ejecutiva para usar IA en el gobierno estatal con resguardos. En 2024 llegó un paquete que abordó deepfakes, marcas de agua y protección de niños y trabajadores. En 2025, la SB 53 exigió a los desarrolladores de modelos frontera publicar sus marcos de seguridad y reportar incidentes críticos al estado. Ese mismo año aparecieron normas sobre chatbots de compañía para menores.
Más recientes: una orden ejecutiva de marzo de 2026 para reforzar la privacidad en las compras del estado, una fuerza de tarea contra el fraude tecnológico en junio y un programa de ciberdefensa con IA en agosto. El patrón es claro: primero lineamientos, después divulgación, ahora verificación externa.
El pedido a Washington
Newsom aprovechó la firma para insistir en una regulación nacional. «El gobierno federal debe dar un paso al frente con reglas robustas que estén a la altura de la urgencia de este momento», dijo. California alberga a las principales empresas de IA del mundo y legisla en un terreno que todavía no tiene ley federal.
Mientras eso ocurre, varios estados avanzan por su cuenta. Colorado puso en vigor en agosto una ley que exige supervisión humana cuando la IA se usa en terapia. En Europa, la Ley de IA clasifica a los sistemas de alto riesgo con obligaciones de transparencia y control humano. La auditoría independiente, que hasta ahora era una promesa, empieza a tener registro y reglas.
