Cuando la Unión Africana abrió su consulta sobre gobernanza de la inteligencia artificial, la discusión no giró en torno a si dictar reglas para la IA. Giró en torno a algo más básico: qué necesita controlar, compartir y construir el continente para que la IA rinda a nivel local. La sesión, de dos días, reunió a responsables de políticas, técnicos, sociedad civil e industria. Su objetivo era llevar a la práctica la Estrategia Continental de IA, aprobada en Accra en julio de 2024.
El punto de partida fue un dato simple. Cuando se escribió la estrategia, ocho países tenían una política nacional de IA. Ahora son diecisiete, un tercio de las naciones africanas. «Para África necesitamos un enfoque de gobernanza que responda al contexto africano, a las prioridades nacionales y que garantice la armonización en el continente», dijo Souhila Amazouz, coordinadora de Política de IA de la Comisión de la Unión Africana.
Reglas para la IA: un marco común para 55 países
El desafío es de escala. El continente tiene 55 jurisdicciones con niveles de madurez digital muy distintos. Para Angela Wamola, responsable de África de la GSMA, ninguna regla nacional alcanza si se mantiene desconectada de la infraestructura física. «La soberanía no se ve en el aislamiento tecnológico», dijo. La describió, en cambio, como una autonomía estratégica que el continente persigue en conjunto, no país por país.
Wamola pidió evitar leyes idénticas y rígidas para realidades diversas. Propuso una base continental: reglas interoperables que permitan a cada país avanzar según su madurez, sin romper la compatibilidad entre vecinos. Sin esa base, argumentó, cada país paga por separado la infraestructura que ninguno puede costear solo. La escala es la condición para competir; la fragmentación, el riesgo. Esa base debería cubrir la cadena completa —datos, centros de cómputo y energía— y no solo la capa visible de las aplicaciones.
Las promesas van más rápido que la rendición de cuentas
El mismo debate tiene un contrapunto. El Global Center on AI Governance publicó su informe Global State of Responsible AI 2026, compañero del índice que evalúa a 135 países. Su hallazgo central es incómodo: las promesas avanzan más rápido que su puesta en práctica. Los gobiernos suelen construir antes la capacidad de adoptar IA que las instituciones para vigilarla, frenar usos dañinos y ofrecer reparación.
El detalle importa para África. En un diálogo previo al foro #FIFAAfrica2026, el Global Center, Digital Action y CIPESA reunieron a especialistas. Al presentar los datos del índice, Selamawit Engida Abdella señaló un patrón: África puntúa alto en formación y capacidades, y bajo en protecciones laborales. Cada vez más africanos trabajan en los tramos peor pagados y más precarios de la cadena de valor de la IA.
Ahí es donde la pregunta «quién decide si la IA es segura» deja de ser abstracta. Para Melissa Omino, del CIPIT, un enfoque de derechos tiene que volverse compromisos concretos: cómo se gobiernan los datos que entrenan los sistemas, cómo participan los trabajadores en las decisiones y cómo se representa el interés de las comunidades. Michael Aboneka, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria, lo resumió en una idea: la rendición de cuentas no depende del modelo que se elija, sino de que exista.
La consulta de la Unión Africana ensaya una respuesta institucional: una base común que después cada país aterriza. El informe global ofrece la vara para medirla. Entre ambas piezas queda el nudo real de la gobernanza en el continente: no solo qué reglas se escriben, sino quién vigila, quién responde cuando algo falla y quién protege a quienes construyen esa cadena.
Fuentes consultadas: African Union, Estrategia Continental de IA (Accra, julio 2024) · TechAfrica News (29/09) · TechReview Africa (30/09) · CIPESA (27/09).
