Una jueza federal en Alabama descalificó a tres abogados por incluir citas falsas de IA en documentos judiciales. Los implicados pertenecen al bufete Butler Snow, que defiende a autoridades estatales en litigios penitenciarios.
De acuerdo a lo informado por Reuters, los errores fueron detectados en la defensa del excomisionado del sistema penitenciario de Alabama, Jeff Dunn. La demanda alega que un recluso sufrió múltiples ataques en prisión. Para argumentar su posición, el equipo legal presentó referencias jurisprudenciales que, al ser revisadas, resultaron inexistentes. Fueron generadas por un sistema de IA y utilizadas sin verificación previa.
La jueza Anna Manasco consideró la conducta como equivalente a mala fe. Aunque no impuso multas, descalificó a los tres abogados del caso y remitió los antecedentes al Colegio de Abogados del estado. Subrayó que este tipo de faltas exige una respuesta más severa que simples reprimendas.
Manasco argumentó que las citas falsas de IA constituyen un riesgo creciente para la integridad de los procesos judiciales. Las sanciones actuales —dijo— ya no disuaden lo suficiente.
Responsabilidad humana en el uso de IA
El socio Matthew Reeves admitió haber usado inteligencia artificial para generar las citas. Aseguró al tribunal que lamenta su «falta de diligencia y juicio». Los otros dos abogados, William Cranford y William Lunsford, firmaron los documentos sin revisar de forma independiente los contenidos, según lo declarado en presentaciones judiciales.
En su fallo, la jueza señaló que el bufete actuó de manera razonable para prevenir la situación. Destacó que Butler Snow había advertido previamente a sus abogados sobre los riesgos del uso de IA. Tras descubrir el error, la firma lanzó una investigación interna y contrató al bufete Morgan, Lewis & Bockius para auditar 40 casos adicionales.
La jueza evitó sancionar a la firma completa. Reconoció los esfuerzos posteriores para mitigar el daño y revisar los procesos internos. Aun así, recalcó que el incidente no puede atribuirse únicamente a una falla tecnológica.
Los estándares éticos de la profesión jurídica exigen revisar y validar cada documento que se presenta ante un tribunal, independientemente de cómo fue generado. En contextos críticos, como la defensa de derechos humanos en cárceles, estos errores no solo dañan causas específicas: erosionan la credibilidad institucional.
